RADIO ACADEMIA (FUNDACA BARINAS)

Academia de locucion certificada

DICTAMEN JURIDICO SOBRE LA INADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE INTERPRETACION SOLICITADO POR LA ACADEMIA COMUNICACIONAL BARINAS ANTE EL T.S.J.

Caracas, Diez y nueve (19) de Noviembre del 2009.
Dictamen Jurídico.
Yo, José Ángel Balzán Pérez, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Caracas, titular de la Cédula de Identidad Personal Número V-9.485.070, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del  Abogado bajo el Número 67.174, actuando en mi carácter de Consultor Jurídico y Docente de la honorable y distinguida Fundación “Academia Comunicacional Barinas”; participo responsablemente a la Opinión Pública; a los fines de no crear incertidumbres, la interpretación que debe dársele jurídicamente a la “Decisión” referida al “Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional” que fuera incoado por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y que esta Máximo Tribunal emitiera en fecha Diez y nueve (19) de Octubre del 2007.

En tal orden ideas, los argumentos de hecho utilizados fueron los siguientes:

-         Que la Fundación “Academia Comunicacional Barinas” es una institución educativa inscrita en el Ministerio de Educación, y tal como dicen sus estatutos sociales, dedicada al “…mejoramiento y uso correcto del Idioma Castellano…”, y que, entre otras cosas, imparte cursos de locución y otorga el correspondiente certificado.

-         Que el fundamento jurídico de nuestra actuación se encuentra en el “Reglamento sobre la Operación de las Estaciones de Radiodifusión Sonora” (Decreto Presidencial N° 2771, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 4.530, Extraordinario, del 21 de enero de 1993), cuyo artículo 49 dispone que la locución de programas estará a cargo de personas venezolanas, con Certificado de Locutor expedido por instituciones públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación, el cual otorgará la autorización correspondiente y llevará un registro a tales efectos.

-         Que dicho Reglamento se mantiene en vigencia, tal como lo dispone el artículo 208 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

-         Que, sin embargo, “…durante un largo tiempo se ha producido un vacío en el otorgamiento de los Certificados de Locución, que desde sus inicios era expedido (sic) mediante un examen por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones…”.

-         Que mediante Resolución N° 1478 del 30 de septiembre de 1997 se autorizó a la Universidad Central de Venezuela para “…otorgar a través de la Escuela de Comunicación Social, Certificados de Locución, según los exámenes que practique…”, los cuales debe remitir a ese Ministerio “…a fin de que sean refrendados…”.

-         Que la autorización otorgada a esa Universidad Central y la Universidad del Zulia no implica exclusividad, aunque en la actualidad parece creerse que es así.

-         Que no sólo el Ministerio de Educación había venido refrendando los certificados de locución expedidos por la “Academia Comunicacional Barinas”, sino que por diferentes medios ha mostrado su conformidad con la actividad de la Fundación y con los cursos que imparte.

-         Que, sin embargo, autoridades del Ministerio de Educación Superior han pretendido negar la validez de los certificados expedidos por la Fundación y el propio Ministerio de Educación emitió un oficio en el que se sostiene que los certificados que expide esa Fundación no están sujetos a refrendo.

-         Que el referido Oficio del Ministerio de Educación es inconstitucional, pero como no ha sido formalmente notificado a la Fundación se carece de recursos para impugnarlo, lo que la coloca en estado de indefensión.

-         Que se ha generado incertidumbre respecto de los certificados de locución, lo que ha perjudicado tanto a los docentes y empleados de la Fundación como a los interesados en realizar el curso correspondiente, en especial en sus expectativas económicas.

-         Que esa vulneración de las expectativas constituye una violación al Principio de “Confianza Legítima en la Administración Pública”, la cual no puede afectar las situaciones de los particulares que han actuado basados en la buena fe.

Expuesto lo anterior, la “Academia Comunicacional Barinas” requirió la interpretación de normas constitucionales y planteó:

-                     Que era necesario pronunciarse sobre los ordinales 1° y 2° del artículo 89 de la Constitución, referidos a la intangibilidad, progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, por cuanto la actuación de la Administración, que se denuncia como lesiva de la Fundación, afecta los derechos laborales de los profesores de los cursos de locución, así como de los empleados de esa institución y de los interesados en estudiar en ella y obtener los certificados correspondientes. De hecho, si la Fundación no puede otorgar certificados de locución, todos quienes tienen interés en ellos perderían sus oportunidades de recibir ingresos económicos derivados de su trabajo, en especial porque el oficio de locutor está bien remunerado.

-                      Que además era necesario que la Sala se pronunciara “…con respecto a la consolidación o no, de los beneficios sociales de carácter laboral conquistados por la Fundación como plantel autorizado por el Ministerio en cuestión para impartir éstos (sic) cursos, y los de quienes ya aprobaron su Curso de Locución y que la Zona Educativa no les refrenda sus Certificados de Locución…”.

-                     Que el no poder ofrecer los cursos, coloca a la Fundación en una situación difícil, tanto económicamente (por no generar ingresos para pagar al personal) como en su “honorabilidad como plantel”.

-                     Que la Constitución “…nada indica…” acerca de la situación de la Fundación como plantel, por lo que era necesario “…que se establezca el alcance y validez jurídica de los cursos y los Certificados de Locución, los cuales deben seguir siendo refrendados por la autoridad educativa competente, teniendo plena vigencia los que actualmente están siendo emanados de la Fundación (…) y los que no quisieron ser refrendados intempestivamente (sic…)”.

-                     Que también era “…preciso y necesario dilucidar desde el punto de vista del Derecho a fundar cátedras, a partir de qué momento, a la persona natural o jurídica se le crea, nace y se le hace jurídicamente adquirir un derecho que los legitime como prestadores de servicios públicos, ya que el tenor del Artículo 106 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nada dice al respecto…”.

-                     Que asimismo se requirió de pronunciamiento que diera certeza acerca de su situación y que la Sala declarara “…la prevalecía (sic) de la realidad sobre las formas y apariencia y el no sacrificio de la justicia social por la omisión de formalidades no esenciales…”, a fin de “…despejar el marcado prolegómeno y problematismo que atenta contra la Seguridad Jurídica”, la equidad y la justicia y peor aún, derechos adquiridos de naturaleza laboral, atentando también contra la buena marcha y buen nombre de los derechos de nuestros trabajadores, estudiantes, personal docente y administrativo (…), ya que la situación de incertidumbre jurídica, la inoperatividad de nuestro plantel, y la inoperatividad de ciertos conceptos contenidos en tales normas, generan un marcado problema para ésta (sic) situación concreta, visto que del contenido del Vigente Decreto Número 2.771, en ninguna de sus normas establece que deben ser los Institutos Universitarios los que en forma exclusiva impartan los tantas veces mencionados cursos de locución…”.

Por tal razón, la Sala, luego de pronunciarse acerca de su “Competencia” para conocer de dicho “Recurso Extraordinario de Revisión Constitucional”, se pronunció acerca de la “Admisibilidad” del mismo; señalando que ha sostenido reiteradamente que la interpretación vinculante que está facultada a hacer, y que justifica la acción autónoma de interpretación constitucional, se refiere sólo a ciertos supuestos, por lo que fue necesario determinar si la solicitud concreta encuadraba en alguno de ellos, de acuerdo a la sentencia N° 1077/2000, la cual determina cuáles son los mismos, llegando a la conclusión de que el caso planteado no encuadraba en esos casos concretos; pero bajo ningún concepto la “Inadmisibilidad” de la acción implicó que fue declarada “Sin Lugar” la acción ejercida por la Fundación; todo lo contrario, consideró el Máximo Tribunal que de haber algún inconveniente entre nosotros y las autoridades, se tenían que agotar las vías ordinarias y extraordinarias legales, léase el ejercicio de los Recursos Contencioso-Administrativos pertinentes. No obstante, ya que dicha decisión lo expresó, se prefirió primero agotar la vía administrativa y luego la jurisdiccional, para poder acceder a tan alta instancia. De hecho, deja leer entre líneas que de lo que se trata es de un conflicto entre un particular y órganos públicos, que debe solucionarse. De allí la importancia y toma relevancia y vigencia la “Consulta” que se hiciera por ante el Ministerio de Educación, a los fines de clarificar la situación, plantear lineamientos y se solvente el vacío legal que existe para todas las instituciones que impartimos estos cursos, y así agotando la vía administrativa.

Reitero que la Decisión que comentamos expresa la “Inadmisibilidad” de la acción, pero bajo ningún concepto implicó que fue declarada “Sin Lugar” la acción ejercida por la Fundación.

A saber:

“…Así entonces, conforme al citado criterio, la Sala puede declarar inadmisible un recurso de interpretación que no persiga los fines antes mencionados, así como puede hacerlo en los casos en que no se precise con claridad cuál es la ambigüedad que el recurrente encuentra en las normas constitucionales y que le ha llevado a presentar un escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia.

En el caso de autos, la parte accionante ha expuesto un caso concreto que, en su criterio, demostraría su interés en un pronunciamiento de la Sala y, con ello, su legitimación para actuar. Sin embargo, la lectura del libelo (un escrito de 44 páginas, en las que se repiten, de manera indistinta un conjunto de afirmaciones sobre una presunta actuación irregular de los Ministerios de Educación y de Educación Superior y la supuesta legalidad de los cursos de locución que imparte la Fundación “Academia Comunicacional Barinas”) revela que con la presente acción no se pretende realmente la interpretación de normas constitucionales, sino la resolución de un controversia entre un particular (la Fundación accionante) y la Administración.

En efecto, si bien esta Sala exige la existencia de un caso concreto para legitimar a la parte accionante, a fin de evitar que la sentencia se convierta en un simple ejercicio académico, no puede pretenderse sustituir las vías ordinarias para resolver tal caso. De este modo, en sentencia N° 1398/2002, la Sala declaró que resulta inadmisible la acción de interpretación cuando “lo que se plantee no persiga sino la solución de un conflicto concreto entre particulares o entre éstos y órganos públicos, o entre estos últimos”. Por ello, en el fallo N° 1808/2002 la Sala enumeró las causales de inadmisibilidad de las acciones de interpretación, entre las cuales está la “existencia de otros medios judiciales o impugnatorios a través de los cuales deba ventilarse la controversia”.

Aun cuando la parte accionante invoca disposiciones constitucionales para que sean interpretadas por la Sala, es evidente que su planteamiento concreto no tiene vinculación directa con esas normas, sino con su necesidad de resolver la incertidumbre respecto de la posibilidad de impartir cursos de locución y otorgar certificados que sean refrendados por el Ministerio de Educación.

Por lo tanto, se trata de un claro conflicto que se dirime ante los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, sin que valga como argumento para no acudir ante ella el supuesto hecho de que el Oficio del Ministerio de Educación –que, según expone la accionante dio lugar al problema- no haya sido notificado formalmente, puesto que la referida Fundación incluso lo acompañó al presente libelo.

Por lo expuesto, esta Sala estima que la presente acción es inadmisible, por pretender suplirse vías ordinarias de defensa contra actuaciones públicas, y así lo declara expresamente. …” (Cursivas propias de la decisión)

En fin, a manera de corolario, lo que siempre se ha pretendido como institución es que se debe valorar que desde la creación de la Fundación “Academia Comunicacional Barinas”, y su autorización de funcionamiento como plantel privado, el Estado Venezolano le ha creado tanto al personal docente, administrativo y estudiantil, así como a los futuros profesionales de la “Locución” una “Confianza Legítima en la Administración” en que sus cursos académicos y sus correspondientes certificados y títulos gozan de un respaldo del Ministerio de Educación.

No obstante, la existencia de “mitos sin fundamento” que hasta el presidente en cadena televisiva se cuestionó (Solo certifican U.C.V. y L.U.Z.)  y considerando que existen vacíos legales en cuanto a qué Ministerio, si Educación o Educación Superior, es el que certifica locutores, pretendemos que a través de una “Consulta” se obtenga un pronunciamiento aclaratorio en torno al tema, que permita definir, rectificar, subsanar cualquier error y orientarnos (si fuere el caso) para que se regularice ministerialmente nuestro funcionamiento, de faltar algún requisito legal o que por omisión de la zona educativa nunca se nos haya participado, ya que se han creado “Derechos” a aproximadamente más de dos mil (2000) locutores que en su gran mayoría están trabajando en emisoras de radio y canales de televisión y que además hemos sido reconocidos públicamente como institución educativa que forma de los mejores locutores en el país, incluso actuando en obras benéficas y de donación a necesitados.

Reiteramos que como institución educativa, nuestra labor siempre ha estado amparada en nuestra legalidad, ya que somos una Institución que honorablemente prestamos un “Servicio Educativo Comunicacional responsable”, que hemos cumplido con todos los parámetros exigidos en nuestro Ordenamiento “Jurídico-Educativo” para nuestro legal funcionamiento, de acuerdo a los requisitos estipulados por el Ministerio de Educación y estamos habilitados para nuestro funcionamiento de acuerdo con el Decreto de la Presidencia de la República Número 2.771, publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, de fecha Veinte y uno (21) de Enero de 1993, Gaceta Oficial Extraordinaria Número 4.530, en el cual se dictó el “Reglamento sobre la Operación de las Estaciones de Radiodifusión Sonora”, Título II relativo al “Régimen General de las Estaciones”, Capítulo VII atinente al “Personal Técnico”, Artículo 49 el cual expresa que La locución de los programas y la operación de estudios o plantas transmisoras de las Estaciones de Radiodifusión Sonora estarán a cargo de personas venezolanas, con Certificado de Locutor o Certificado de Operador, respectivamente, expedidos por Instituciones públicas o privadas reconocidas por el Ministerio de Educación, el cual otorgará la autorización correspondiente y llevará un registro a tales efectos.

Es todo, se despide gratamente y atento a responder y solventar cualquier duda ante la Opinión Pública.

Dr. José Ángel Balzán Pérez

V-9.485.070

I.P.S.A. 67.174

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noviembre 19, 2009 - Publicado por | 1

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